Al menos dos detenidos y carga policial en la protesta de los taxistas en Sevilla contra la nueva regulación para VTC

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Al menos dos personas han sido detenidas este jueves durante la protesta de taxistas que se desarrolla frente al Parlamento de Andalucía contra la regulación que prepara la Junta para los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC), y que ha incluido lanzamiento de huevos y botellas, pitos, abucheos y cargas policiales.

La Policía Nacional ha confirmado a Europa Press la detención de dos participantes en la protesta, convocada por la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi (FAAT), y que reúne a cerca de un millar de personas ante el Parlamento, donde se han vivido escenas de tensión.

Varios de los manifestantes, que han acudido con tambores y banderolas, han intentado tirar las vallas y han lanzado huevos ante el edificio, una situación que ha desembocado en la detención de uno de los participantes por desórdenes públicos y atentado contra la autoridad, según la Policía, lo que disparó la tensión en la zona.

El coche que lo transportaba fue objeto de botellazos y palos de varios manifestantes que intentaron impedir su marcha a pocos metros del lugar, lo que tuvo como respuesta una carga policial. En este punto se procedió a una nueva detención. Los taxistas han increpado también a los medios de comunicación, acusándoles de «vendidos».

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Galería. Concentración de taxistas en Sevilla MAYA BALANYA

Minutos después los agentes reforzaban el cordón policial en las inmediaciones del Parlamento, más cercano al edificio. Los taxistas protestan contra el decreto ley anunciado por la Consejería de Fomento para habilitar a los VTC para que sigan operando en los núcleos urbanos a partir del 1 de octubre.

El sector ha recibido como un jarro de agua fría la propuesta de la Consejería, que conoció tras mantener una reunión con ella este mismo lunes, día en el que el Gobierno andaluz detallaba que el futuro decreto establecerá requisitos para garantizar «la convivencia de VTC y taxis en aras de ofrecer el mejor servicio al ciudadano», algo que desde FAAT no ven claro.

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La medida ha generado también el rechazo de la Unión de Asociaciones de Taxistas Andaluces (UATA), cuyo representante, Pepe Hoyos, ha sostenido en declaraciones a Europa Press que la norma «no va a regular absolutamente nada». «Las VTC van a campar a sus anchas, se van a saltar todos los decretos y todas las leyes», ha aseverado Hoyos, que cree que la Consejería ha «traicionado» a los taxistas.

La Junta asegura que sigue «negociando» la norma

Mientras en los alrededores del Parlamento se desarrollaba la protesta, en el interior la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, subrayaba que aún no han concluido las conversaciones para elaborar la regulación, que se buscará el «diálogo y la participación» y que en todo caso el objetivo es tener seguridad jurídica y “no dañar la actividad que presta el taxi”.

«Seguimos negociando y hablando porque queremos aprobar esa norma y hacerlo en base al diálogo y la participación», ha dicho la consejera, que ha señalado que las conversaciones se desarrollan desde hace una semana, «todavía no se ha concluido y tienen que seguir avanzando».

Asimismo, ha insistido en que el objetivo principal es «contar con seguridad jurídica» para poder organizar y facilitar la convivencia del taxi y los VTC y dar un mejor servicio al usuario. «Por encima de todo y en el centro de la regulación ha de estar el usuario, que tiene que contar con los mejores servicios», ha argumentado Carazo, que ha asegurado que desde la Junta no se que quiere «dañar la actividad que presta el taxi».

«Estamos trabajando para ofrecer la mejor herramienta legal para esa convivencia», ha zanjado la consejera, que ha sostenido que la Junta considera que es competencia del Estado regular esta cuestión, y que «tras la negativa del Estado» deben hacerlo desde el Gobierno andaluz «de forma urgente para su entrada en vigor el 1 de octubre».

Claves de la propuesta

La Consejería de Fomento ha explicado esta semana que el futuro decreto ley habilitará a los VTC para que sigan operando en los núcleos urbanosa partir del 1 de octubre, si bien se establecerán requisitos para que estas medidas garanticen «la convivencia de VTC y taxis en aras de ofrecer el mejor servicio al ciudadano».

«Defendemos que en España no puede haber 17 modelos distintos de regulación de VTC y que, por tanto, debe ser el Gobierno de Pedro Sánchez el que apruebe una norma para todo el país, pero dada la inacción de éste y su decisión de atribuir a las comunidades esta regulación, hemos decidido aprobar un decreto ley», indicaba Fomento en un comunicado en el que subrayaba que se reforzará la inspección, «duplicando las actuaciones».

Asimismo, recordaba que el Real Decreto Ley 13/2018 de 28 de septiembre, el conocido como Decreto Ábalos, introdujo cambios en el régimen jurídico del servicio de VTC, siendo la principal la supresión de los servicios urbanos con un periodo transitorio de compensación de cuatro años, hasta el 1 de octubre de 2022, obligando a las comunidades autónomas a regular para habilitar el servicio urbano a partir de esa fecha.

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