El COAM declara la guerra al proyecto de Ciudad de la Justicia: no cumple la Ley de Calidad de la Arquitectura

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El nuevo intento de poner en marcha la Ciudad de la Justicia, el centro que reunirá a las ahora dispersas sedes judiciales de Madrid en un único espacio, choca con su primer obstáculo al mes de autorizarse la licitación para su construcción. El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) ha interpuesto un recurso contra los pliegos de la licitación ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública. Cree que, entre otras cosas, incumple la Ley de Calidad de la Arquitectura, recién aprobada, y por eso solicita la suspensión del acto e insta a convocar un concurso abierto de proyecto arquitectónico.

El vicedecano del COAM Pablo Olalquiaga explicó a ABC que son varios los argumentos que han utilizado en su recurso contra la licitación. Por un lado, que incumple la Ley de Calidad de la Arquitectura, aprobada el pasado 14 de junio, y que en su artículo primero se fija como objetivo «proteger, fomentar y difundir la calidad de la arquitectura como bien de interés general».

El Gobierno regional autorizó el 20 de julio la licitación para la construcción, conservación y explotación de la Ciudad de la Justicia. El complejo se situará en Valdebebas y concentrará allí los 356 órganos judiciales dispersos en la actualidad por 28 inmuebles de la ciudad, muchos de ellos de alquiler. La fórmula elegida por la Administración regional para la Ciudad de la Justicia consiste en una concesión con un plazo máximo de 40 años. La adjudicataria tendrá que encargarse de la construcción de en torno a 18 edificios, de entre 3 y 9 alturas –375.000 metros cuadrados en total–, que albergarán las sedes judiciales de la capital. Algo que costará, de acuerdo con el informe de viabilidad, unos 507 millones de euros. También se hará cargo de su mantenimiento -seguridad y vigilancia, limpieza, archivo, gestión de documentación y atención al ciudadano-.

A cambio, recibirá anualmente un canon de 50 millones de euros que le pagará el Gobierno regional. Una vez que finalice la concesión, todos los edificios de la Ciudad de la Justicia pasarán a ser propiedad de la Comunidad de Madrid. La adjudicataria además podrá contar con los ingresos por la explotación comercial de los bajos y entornos del complejo de la Justicia , donde podrá poner en marcha servicios como farmacias, restaurantes, guarderías, gimnasios, sucursales bancarias o cualquier otro que pueda estimar.

Pobre concurrencia

Desde el COAM consideran que esta licitación no cumple con el mandato legal de proteger, fomentar y difundir la calidad de la arquitectura, algo especialmente grave en unas sedes judiciales que, por sus características y los asuntos que tratan, «necesitan ser espacios de calidez, acogedores».

En el COAM critican además que la licitación sea por contrato de concesión de obra, y piden que se licite de manera independiente la fase de proyecto, porque la fórmula elegida por la Administración regional «prioriza el coste del edificio, y no el valor arquitectónico del mismo», a la hora de la concesión. Creen que «el interés general resulta indisociable del interés de los ciudadanos; es importante ahorrar, pero no puede ser que eso anule la importancia de la calidad arquitectónica», explica Olalquiaga. A juicio del vicedecano, las condiciones de la convocatoria «limitan muchísimo la concurrencia, ¿cuántos se pueden presentar?».

Ahorro de tiempo

Desde la Consejería de Presidencia y Justicia, que dirige Enrique López, defienden su modelo. La alternativa que propone el COAM, explican, es «que se licite de manera independiente la fase de Proyecto mediante un concurso público abierto de anteproyectos para la redacción del Proyecto Básico, de Ejecución y Dirección de Obra de cada edificio». Y entienden que «es la Administración la que debe valorar, dentro de las diferentes modelos de contrato que permite la ley, la que mejor se adapte a los intereses de la misma en cada licitación».

En este caso, añaden, licitar a la vez la concesión de obra, la redacción de proyectos básico y de ejecución y la dirección de obra consigue «economía procedimental administrativa» y «un importantísimo ahorro de tiempo que permitirá poder iniciar la construcción de la Ciudad de la Justicia de Madrid en el plazo de un año desde la adjudicación del contrato, permitiendo acabar con la dispersión de los órganos judiciales existente en la actualidad«, mientras que el procedimiento defendido por los arquitectos »supondría una demora muy importante en el inicio de la nueva infraestructura«.

Desde el COAM se preguntan «porqué las prisas, si este proyecto de Ciudad de la Justicia lleva 20 años encima de la mesa».

También el secretario general del PSOE de Madrid y portavoz socialista en la Asamblea, Juan Lobato, ha entrado en el debate: ha enviado una carta a la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso para pedirle la suspensión del proceso de concesión privada de la Ciudad de la Justicia. «Estamos ante el típico pelotazo previo a elecciones. Quieren dejar este negocio hecho antes de un posible cambio de gobierno en Madrid. No se puede jugar así con miles de millones de euros de los madrileños», señala.

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