El Gobierno elude comentar las palabras de Lesmes y arremete contra el PP

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El Gobierno recibió con perfil bajo las declaraciones públicas del presidente del Tribunal Supremo (TS) y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, aun cuando este aludió expresamente a que el Ejecutivo sabe que no es su intención recalar en el Tribunal Constitucional (TC). La ministra de Educación, Pilar Alegría, tuvo que pronunciarse forzosamente, pues apenas minutos después de la declaración del alto cargo judicial ante los medios había convocado una rueda de prensa en Ferraz, en su calidad de portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE.

Alegría evitó salirse del marco habitual de los socialistas cuando se trata del bloqueo del Poder Judicial o de la renovación pendiente de un tercio del TC, que no es otro que arremeter contra el Partido Popular (PP) y señalarle como único culpable de que el CGPJ lleve casi cuatro años con su mandato prorrogado.

«Queremos que se cumpla la ley, que se cumpla la Constitución», señaló la portavoz socialista, quien insistió en «los problemas que acarrea» esta situación de interinidad en el órgano de gobierno de los jueces. Entre ellos, citó la deriva económica del asunto, que esgrimió asegurando que también es algo que «afecta al bolsillo de los ciudadanos», como viene insistiendo desde hace semanas la ministra de Justicia, Pilar Llop, quien cifra en un gasto extra de un millón de euros para refuerzos de jueces lo que le estaría costando al contribuyente el bloqueo judicial.

Rechazo a un nuevo sistema

Pilar Alegría pidió al PP que «salga del bloqueo» y le acusó de actuar en esta materia con «trilerismo político», afirmó, recordando en días el tiempo transcurrido desde que el CGPJ entró en un mandato caducado, que asciende a más de 1.300 jornadas.

Sobre el debate de fondo para un cambio en el sistema de elección de los vocales, que viene reclamando el PP, ya desde tiempos de Pablo Casado, y que se defiende también desde la Comisión Europea, como hizo durante su visita a España de este año la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario, Vera Jourová, Alegría manifestó su rechazo a una propuesta que para el primer partido de la oposición supondría «despolitizar» la Justicia española.

Según dijo la ministra y portavoz del PSOE, los candidatos al Consejo General del Poder Judicial «ya son elegidos» cada cinco años por las asociaciones de jueces y luego «ratificados» por las Cortes Generales. Se refirió así a la criba previa de aspirantes, que no quita a las formaciones políticas, a través de su representación en el Congreso y el Senado, la prerrogativa de decidir finalmente quién se sienta en el órgano de gobierno de los jueces e incluso quién presidente esa institución y al mismo tiempo, como es preceptivo, el Tribunal Supremo.

Y como también suele ser habitual desde este verano en la argumentación gubernamental, la titular de Educación aludió a que los populares «firmaron un acuerdo» con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para modificar la ley del CGPJ y facilitar la renovación del TC. Un documento de octubre de 2021 que publicó ‘El País’ con la firma de Bolaños y del entonces número dos del PP, Teodoro García Egea, y del que Alberto Núñez Feijóo ha negado siempre conocer su existencia, acusando incluso a la anterior dirección de Casado de no habérselo transmitido durante el traspaso de poderes en Génova en el primer trimestre de este año.

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