Santiago da un paso más contra los pisos turísticos: «Vacían la ciudad»

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Mañana de tensión y enfrentamientos en el pleno de la capital gallega a cuenta de las viviendas turísticas.Después de un verano marcado por las sanciones económicas y las clausuras a los pisos que operan con licencia de la Xunta —pero sin el permiso municipal, que solo tienen 36 de más de 900 inmuebles— propietarios y políticos se vieron este lunes las caras en la sesión extraordinaria para debatir las modificaciones y exposición pública del nuevo PXOM en el que trabaja el ejecutivo de Xosé Sánchez Bugallo. Apenas dos horas en las que se lanzaron toda clase de argumentos a favor y en contra, en las que no faltaron las críticas y en las que las estadísticas fueron y volvieron, pero que acabaron sin un mínimo acercamiento de posturas.

De una parte, el Gobierno de Bugallo insiste en prohibir la apertura de viviendas turísticas en toda la ciudad histórica alegando que el incremento de las VUT (viviendas de uso turístico) convierte las ciudades «en meros destinos para viajar y no para vivir». «Deja vacías las ciudades», llegó a manifestar la concejal de Urbanismo, Mercedes Rosón, en su turno de palabra. De ahí que este ejecutivo defienda que solo se permita la apertura de este tipo de establecimientos en bajos o primeras plantas que estén fuera del casco viejo y que las que están en la zona monumental puedan abrir como piso turístico dos meses al año como máximo. Son las claves de un proyecto que dio un paso más hacia su aprobación, y que fue apoyado por Compostela Aberta y BNG, mientras que el grupo popular se manifestó en contra.

Frente a las críticas de los propietarios, que se personaron ante las puertas de Raxoi para poner rostro al conflicto, Rosón matizó que el concello «no tiene como objetivo prohibir estas viviendas, sino evitar la desaparición del uso residencial». En la misma línea, el alcalde de la capital gallega intervino para avanzar que esperan «una cascada de sentencias que indiquen que las VUT son una actividad económica y que el concello es el competente para otorgar las autorizaciones». Sus palabras, sin embargo, no funcionaron como bálsamo para los cientos de propietarios afectados, que intervinieron al arranque del pleno para dejar clara su postura. «El Gobierno nos acusa del encarecimiento del alquiler en la ciudad, pero las viviendas turísticas representan un 1,5 por ciento del total de viviendas de Santiago, mientras que hay más de 9.000 vacías, es decir, un 20 por ciento» esgrimió Estrella Ferreiro, al frente de la plataforma de afectados. Con sus negocios cerrados desde el inicio del verano por la presión a la que se vieron sometidos desde el consistorio compostelano, los dueños se quejaron de que la modificación en la que se trabaja «no solucionará el problema, porque somos un 1 por ciento de las viviendas de Santiago, y por tanto no somos parte del problema ni podemos ser parte de la solución». Además, exigieron la suspensión de todas las propuestas de sanción (de 10.000 a 15.000 euros por piso) interpuestas por el ayuntamiento. Una petición que no obtuvo respuesta alguna.

Familias, estudiantes y turistas

El pleno también dio voz a otros colectivos de la ciudad —inmobiliarias, USC, asociaciones de vecinos— que exigen una regulación de las VUT que ordene su expansión. Desde Previturga (Plataforma para la Regulación de las Viviendas Turísticas de Galicia) expusieron planteamientos que después retomaron el resto de grupos presentes en el pleno. Uno de los más socorridos, que el precio del alquiler y la escasez de viviendas en Santiago ha escalado a la sombra de este fenómeno de repercusión internacional. «No estamos en contra, pero hay un problema que empieza en los últimos años, cuando de manera desproporcionada se produce el trasvase de cientos de pisos que habitualmente alquilaban familias y estudiantes al modelo de las VUT».

Más tibios se mostraron desde el BNG y Compostela Aberta que, apoyando este avance en la exposición pública de las modificaciones, buscaron empatizar con los afectados. «Tiene que haber más diálogo interno con los vecinos. Tenemos claro que los pisos turísticos no son los únicos responsables, pero tampoco hay duda de que 900 VUT son inasumibles para una ciudad del tamaño de Santiago que está viendo cómo los estudiantes se van a otros concellos», manifestó la portavoz del BNG, Goretti Sanmartín. En sintonía con ella, Jorge Duarte, de Compostela Aberta, criticó que la Xunta hubiese inscrito las viviendas que no tenían licencia municipal «pese a que la regulación impedía su uso». En la otra orilla de un conflicto que mantiene a la ciudad en vilo, el portavoz popular, José Antonio Constenla, pidió poner el foco en el 17 por ciento de casas vacías que acumula la urbe y no «criminalizar las VUT». Ahondando en su reflexión, aconsejó centrarse en los beneficios de un modelo de negocio que «supone un complemento económico y autorizado en barrios periféricos a los que ayuda a dar vida».

Aprobada la exposición pública, a los santiagueses aún les quedan meses de debate por delante hasta acordar una normativa que vele por el futuro de la ciudad, protegiendo los intereses de unos y de otros. Un escenario, de momento, difícil de vislumbrar.

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