Una consejera de la Generalitat ve «inconstitucional» la suspensión de Borràs

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A menos de una semana para que la Mesa del Parlament reconsidere la suspensión de Laura Borràs como presidenta de la cámara catalana, la consejera de Derechos Sociales de la Generalitat, Violant Cervera, ha querido echarle un cable a su compañera de partido abonando una vez más la tesis de inconstitucionalidad. «La suspensión es a consecuencia de un artículo que lo que hace es vulnerar un derecho constitucional como la presunción de inocencia y atenta gravemente contra el Estado de Derecho», ha dicho Cervera, también de Junts, en declaraciones a Europa Press.

El pasado 26 de julio, el TSJC abrió juicio oral contra Borràs por por delitos de prevaricación y falsedad documental, por el presunto fraccionamiento de contratos a favor de un amigo cuando era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), entidad adscrita al Departamento de Cultura de la Generalitat. Según el reglamento del Parlament, con eso basta para «la suspensión de los derechos y deberes de los parlamentarios de forma inmediata», un enunciado que, sostiene Cervera, la cámara catalana haría bien en derogar. «Supone que una persona es culpable antes de ser juzgada. Vulnera los derechos individuales de cualquier ciudadano, que es inocente hasta que no se demuestre lo contrario», lamenta Cervera.

Borràs, suspendida de sus funciones pero enrocada en la negativa a dar un paso al lado y facilitar la transición, irá a juicio por corrupción, aunque Cervera considera que no está tan claro que sea eso lo que se le debería imputar. «Desde diferentes ámbitos no se ponen de acuerdo en si es corrupción o no, si son faltas, o es una falta penal o una falta administrativa, y esto es lo que se determinará en su momento en el juzgado. Por tanto suspender a alguien por un hecho que aún no ha sido juzgado, aunque se haya abierto juicio oral, yo no estoy a favor», resume.

A finales del año pasado, cuando el futuro judicial de Borràs empezaba a enturbiarse, Junts ya intentó modificar el reglamento del Parlament para y que la retirada del escaño, en el caso de delitos relacionados con la corrupción, se produje con sentencia firme y no con la apertura de juicio oral. En aquella ocasión, tanto ERC como la CUP rechazaron modificar lo aprobado en 2017 con los votos de Junts Pel Sí, coalición de la que acabó surgiendo Junts.

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